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Informe político – económico N° 41

Informe político – económico N° 41

Lo que pasó

En poco más de tres años, hemos vivido, de nuevo, la  renuncia de un presidente y el cierre del Parlamento, con consecuencias  institucionales y políticas aún poco claras, mientras que en materia económica no ha habido mayores sobresaltos, en parte, según expertos, porque la crisis política ya había sido internalizada.

Mientras que la mayoría de agentes consideraba poco probable que se llegara al desenlace que finalmente ocurrió, el Ejecutivo y el Parlamento se enfrascaron en una lucha de poderes e interpretaciones acerca del otorgamiento del voto de confianza y la viabilidad legal del presidente de la República para disponer la disolución del Congreso. 

Si bien existen matices poco claros acerca de la constitucionalidad de la decisión que se tomó el 30 de setiembre, los cuales debería dilucidar el Tribunal Constitucional en las próximas semanas, es claro que la decisión del Ejecutivo se ha impuesto en la realidad, factor al que se suma el anuncio de diversos partidos que pretendieron desconocer la medida, a las elecciones convocadas para enero del próximo año.

En tal sentido, tiene lógica el argumento que postula que aunque el Tribunal Constitucional termine considerando inconstitucional el cierre del Congreso, no disponga ninguna medida para regresar sobre las medidas ya tomadas.

El ministro de Justicia del anterior gabinete, Vicente Zeballos, juramentó como nuevo Premier, y recompuso el Consejo de Ministros tanto con profesionales que ya venían desempeñándose en la función pública, como la titular de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, en nuevos aliados, como Francesco Petrozzi en Cultura, y con gente cercana al primer mandatario, como es el caso del retorno de Edmer Trujillo a Transportes y Comunicaciones.

Hasta que se instale el nuevo Congreso, que nacerá de las elecciones de enero, el Ejecutivo puede legislar sobre la base de decretos de urgencia. El principal hasta el momento ha sido el que busca dinamizar el gasto público en más de S/.1,000 millones y, de esta manera, promover que el crecimiento del PBI logre el ritmo de 3% este año.

En lo que concierne a la popularidad del presidente Martín Vizcarra, esta se disparó luego de la disolución del Congreso, y subió 30 puntos, situándose alrededor del 80%. Se espera que en los próximos días esta cifra descienda, como ya se ha observado en la encuesta del IEP (cinco puntos menos).  Ahora, sin Congreso con el cual enfrentarse, se espera ver los resultados del trabajo de Ejecutivo.

Este mes la región también ha soportado protestas y crisis políticas. En Ecuador, se vivió una semana dura a inicios de mes, como parte de las protestas en contra del fin del subsidio a los combustibles, existente por cuatro décadas. La derogación de la medida y propuestas del Ejecutivo para buscar una solución a la situación económica que atraviesa el país permitió que las organizaciones indígenas levantaran las protestas que lideraron.

En Chile, modelo económico de la región, el problema ha sido más profundo, y no se ha aliviado con el retroceso del aumento del precio en el transporte público, y lo único que se conoce por el momento es que habrá una renovación ministerial masiva.  Las explicaciones acerca del fuerte reclamo, con millón y medio de personas marchando por las calles de Santiago, han apuntado a que la economía de dicho país, que duplica a la peruana en términos de PBI per cápita (US$7,500 aproximadamente), cuenta con altos niveles de desigualdad, años de bajo crecimiento y fuertes demandas por cambios estructurales.

Cabe mencionar, también, las elecciones argentinas, en las que Alberto Fernández, con Christina Kichner como vicepresidente, ha superado al actual mandatario Mauricio Macri, quien no ha recibido el apoyo popular por no poder solucionar los problemas económicos que heredó de, precisamente, Kichner. 

Hoy

El gabinete Zeballos ha sufrido la primera baja en menos de un mes, y no ha necesito del Congreso para dejar partir al titular del Ministerio de Desarrollo Social, Jorge Meléndez, quien recibió la oportunidad de renunciar al cargo. Los cuestionamientos en su contra se centraban en su vinculación a una empresa de tala ilegal en la selva peruana, y por haber intervenido para la contratación en el Estado de la madre de su hijo.

Los partidos políticos han comenzado la campaña por las elecciones de enero del próximo año y las generales de 2021. El fin de semana, el Apra y el Partido Popular Cristiano realizaron elecciones internas, mientras que el partido morado, de Julio Guzmán, se reunió con sus bases. 

Mientras tanto, la alianza entre Nuevo Perú, partido que lidera Verónica Mendoza, con Perú Libre, de Vladimir Cerrón, suspendido gobernador de Junín por temas de corrupción, le ha costado la partida de parlamentarias de su agrupación (Glave, Huilca y Pariona). 

Otro actor en el juego político, quizás  con las miras puestas más en 2021, es el expremier Salvador del Solar. El gobierno actual, al cual naturalmente podría representar Del Solar, no cuenta con un partido actualmente, pero no le será difícil lograr una alianza con alguna agrupación que sí tenga su inscripción en orden. 

Lo que vendrá

Mañana el Tribunal Constitucional puede decidir si acepta o no la demanda en contra de la disolución del Congreso. Más allá de las formalidades acerca de si el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, podía presentar este requerimiento, la existencia de diversas opiniones sobre la legalidad del cierre del Parlamento hace necesario que el TC sí se pronuncie sobre el tema.  El fallo al respecto puede tomar tiempo, por lo que lo más probable es que no haya una vuelta atrás, pero aun así, es relevante que el órgano que vela por la constitucionalidad de las normas y decisiones se pronuncie al respecto.

Mañana, y ya con un recambio ministerial, el premier Vicene Zeballos presentará su plan de trabajo no ante el pleno del Congreso, como es la tradición, sino ante el Acuerdo Nacional, y, según adelantó el presidente Vizcarra, se enfocará en cinco ejes: integridad y lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional, crecimiento económico, desarrollo social y descentralización para el desarrollo.

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